Respetuosamente nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por la situación que vive la Organización Femenina Popular (en adelante OFP), debido la posible decisión de que el Estado retire lasexiguas medidas de protección y de responsabilidad política frente a sus vidas. Una medida así agravaría como es sabido sus ya precarias condiciones de seguridad, elevando la vulnerabilidad de las mujeresen medio de los diversos conflictos que perduran en Colombia.

Expresamos nuestra preocupación por las garantías de vida para esta valientes mujeres y abogamos por que se den las condiciones para que puedan continuar realizando su trabajo como defensoras de derechos humanos de las mujeres en Colombia.

Pedimos, por tanto, que continuen las medidas de protección que ha tenido hasta ahora y se creen las condciones adecuadas para que puedan llevar a cabo sus labores de defensoras de derechos humanos en Colombia.

Atentamente,

Sara Verdú

Desde el Grupo de Acción Comunitaria, nos adherimos a la Campaña contra la Violencia y allanamientos en comunidades mapuche, haciéndonos eco de sus reivindicaciones.

Llamado contra violencia y allanamientos policiales en comunidades mapuche en Chile.

Después de conocer los siguientes hechos relativos a la situación de cinco ciudadanos de nacionalidad argelina recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia:

Cuatro presos han afirmado ser menores de edad y tres de ellos han aportado ya copia de la partida de nacimiento que lo acredita. A todos ellos se les ha negado su condición de menores a partir de pruebas radiológicas de la muñeca, a pesar de la escasa fiabilidad y amplio margen de error de este método, tal y como reconoce el Defensor del Pueblo.

Estas personas presentaron un “habeas corpus” ante el juzgado el pasado 30 de abril, testimoniando que la noche del sábado 28 fueron víctimas de maltrato por parte de un agente de la Policía Nacional, que sin previa provocación les golpeó con los puños, botas y porra, causándoles a los cinco importantes lesiones.

Después de testificar en el juzgado como perjudicados y ser vueltos a internar en el CIE, estas personas siguen siendo víctimas de continuos maltratos y presiones: los mantienen encerrados en la celda, se les niegan productos de higiene e incluso el agua para beber. A uno de ellos se le mantiene privado de la medicación prescrita tras las lesiones producidas por los golpes recibidos la noche del maltrato.

Ante la apertura de diligencias previas por parte del juzgado de guardia de Valencia, la condición de minoría de edad de cuatro de las víctimas y la necesidad de clarificar los hechos y dirimir responsabilidades jurídicas, hemos decidido exigir que se paralice la inminente expulsión de estos ciudadanos, cuya ejecución está prevista a partir del día 4 de mayo.

Como organización de defensa de los Derechos Humanos, queremos expresar nuestra más enérgica repulsa ante estos hechos de los que hemos sido conocedores, y que resultan del todo inaceptables en un estado de derecho.

Estimado Sr. Rajoy,

Las organizaciones abajo firmantes desarrollamos desde hace décadas una labor social en apoyo de las personas empobrecidas y excluidas a quienes nos une un trabajo y objetivos comunes que venimos desarrollando durante décadas. Una labor que cuenta con un importante respaldo de la ciudadanía española.

Consideramos que en contextos de crisis económica como el actual es prioritario mantener políticas públicas para la inclusión social, que aborden cuestiones tales como la red de protección social, las pensiones, las garantías de rentas, la educación, la sanidad, la política familiar, la integración de personas migrantes, la cooperación internacional al desarrollo o la lucha contra el desempleo, propias de una sociedad basada en la solidaridad, la justicia y la cohesión social.

Somos plenamente conscientes de las dificultades actuales y de la necesidad de reducir el déficit público, pero también de que las opciones políticas para afrontar esta situación son diversas. En este sentido:

• Ponemos de manifiesto que  los posibles recortes presupuestarios -adicionales a los ya realizados- en el conjunto de políticas de inclusión de los colectivos más vulnerables en nuestro país y en la Ayuda al Desarrollo serían profundamente injustos, ya que el ajuste recaería de nuevo sobre las personas más vulnerables.
• Además, los recortes sociales serían ineficaces porque multiplican las situaciones de pobreza y exclusión, agravan significativamente el desequilibrio social y, fruto de lo anterior, obligan a medio plazo a multiplicar los esfuerzos de atención sobre colectivos excluidos en círculo negativo e ineficiente.

El amplio y diverso tejido de organizaciones españolas comparte un objetivo común  que nos une: el combate a la pobreza y la exclusión tanto en España como en los países empobrecidos. La crisis es global y sus consecuencias también, lo que ocurre en lugar el mundo tiene consecuencias en el resto del planeta por eso ahora más que nunca nuestro trabajo conjunto es necesario.

Las ONG asumimos nuestra parte de responsabilidad en esta enorme tarea que es el fomento de la equidad y la defensa de los Derechos humanos; una responsabilidad, que emana del mandato que hemos recibido de la sociedad española a través de los numerosos ciudadanos y ciudadanas que apoyan nuestro trabajo. Ahora bien,  la superación de la pobreza y la exclusión no es solamente responsabilidad de las organizaciones sociales la lucha contra la pobreza es una política pública que debe ser garantizada, por el Gobierno y los distintos niveles de la Administración del Estado. Su involucración en este sentido es esencial.

La apuesta por los servicios públicos que garanticen las necesidades básicas de las personas y su bienestar no es un lujo en tiempo de bonanza sino una responsabilidad ética y política.  Por eso, pedimos que se garantice presupuestariamente la continuidad de las políticas sociales y de desarrollo, así como el pago de los actuales compromisos que las Administraciones Públicas tienen adquiridos con las ONG y, consecuentemente, con las personas más vulnerables.