Después de conocer los siguientes hechos relativos a la situación de cinco ciudadanos de nacionalidad argelina recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia:
Cuatro presos han afirmado ser menores de edad y tres de ellos han aportado ya copia de la partida de nacimiento que lo acredita. A todos ellos se les ha negado su condición de menores a partir de pruebas radiológicas de la muñeca, a pesar de la escasa fiabilidad y amplio margen de error de este método, tal y como reconoce el Defensor del Pueblo.
Estas personas presentaron un “habeas corpus” ante el juzgado el pasado 30 de abril, testimoniando que la noche del sábado 28 fueron víctimas de maltrato por parte de un agente de la Policía Nacional, que sin previa provocación les golpeó con los puños, botas y porra, causándoles a los cinco importantes lesiones.
Después de testificar en el juzgado como perjudicados y ser vueltos a internar en el CIE, estas personas siguen siendo víctimas de continuos maltratos y presiones: los mantienen encerrados en la celda, se les niegan productos de higiene e incluso el agua para beber. A uno de ellos se le mantiene privado de la medicación prescrita tras las lesiones producidas por los golpes recibidos la noche del maltrato.
Ante la apertura de diligencias previas por parte del juzgado de guardia de Valencia, la condición de minoría de edad de cuatro de las víctimas y la necesidad de clarificar los hechos y dirimir responsabilidades jurídicas, hemos decidido exigir que se paralice la inminente expulsión de estos ciudadanos, cuya ejecución está prevista a partir del día 4 de mayo.
Como organización de defensa de los Derechos Humanos, queremos expresar nuestra más enérgica repulsa ante estos hechos de los que hemos sido conocedores, y que resultan del todo inaceptables en un estado de derecho.