Tres Cantos, 12 Marzo 2012
Mr Martin Paulsen. Head Rafto Prize Committee
Bergen (Norway)
Estimadas Sras, Srs:
Por la presente el Grupo de Acción Comunitaria quisiera apoyar la candidatura propuesta por WOLA respecto a la concesión del premio Rafto, que otorga anualmente la Rafto Fundation. En este caso nos parece especialmente oportuno reconocer a la Comisión Intereclesial Justicia y Paz (http://justiciaypazcolombia.com), en las personas del Padre Alberto Franco, Danilo Rueda y Abilio Peña por su trayectoria en defensa de los derechos humanos en Colombia.
La Comisión Intereclesial Justicia y Paz lleva más de diez años defendiendo desde la filosofía de la no-violencia, el derecho a la vida, al territorio , a la integridad, a la libertad de expresión; en definitiva, defendiendo la dignidad de las poblaciones víctimas del conflicto armado por el que atraviesa el país. Su trabajo de acompañamiento psicosocial y legal a las víctimas (en instancias nacionales e internacionales), posibilitando la lucha y dando voz a las poblaciones más desfavorecidas y violentadas en Colombia, como son los campesinos, afrodescendientes y comunidades indígenas, es el trabajo por la supervivencia y la justicia social.
A raíz de su quehacer, sus representantes, arriba mentados, han sido víctimas de todo tipo de atentados: amenazas, seguimientos, allanamientos,...Desde nuestro humilde parecer, la defensa de los integrantes de la Comisión se traduce en la defensa de los miembros de estás comunidades, pudiendo resultar la concesión del premio, que su fundación tiene a bien entregar, un elemento de especial protección a sus propias vidas.
Por la presente el Grupo de Acción Comunitaria quisiera apoyar la candidatura propuesta por WOLA respecto a la concesión del premio Rafto, que otorga anualmente la Rafto Fundation. En este caso nos parece especialmente oportuno reconocer a la Comisión Intereclesial Justicia y Paz (http://justiciaypazcolombia.com), en las personas del Padre Alberto Franco, Danilo Rueda y Abilio Peña por su trayectoria en defensa de los derechos humanos en Colombia.
La Comisión Intereclesial Justicia y Paz lleva más de diez años defendiendo desde la filosofía de la no-violencia, el derecho a la vida, al territorio , a la integridad, a la libertad de expresión; en definitiva, defendiendo la dignidad de las poblaciones víctimas del conflicto armado por el que atraviesa el país. Su trabajo de acompañamiento psicosocial y legal a las víctimas (en instancias nacionales e internacionales), posibilitando la lucha y dando voz a las poblaciones más desfavorecidas y violentadas en Colombia, como son los campesinos, afrodescendientes y comunidades indígenas, es el trabajo por la supervivencia y la justicia social.
A raíz de su quehacer, sus representantes, arriba mentados, han sido víctimas de todo tipo de atentados: amenazas, seguimientos, allanamientos,...Desde nuestro humilde parecer, la defensa de los integrantes de la Comisión se traduce en la defensa de los miembros de estás comunidades, pudiendo resultar la concesión del premio, que su fundación tiene a bien entregar, un elemento de especial protección a sus propias vidas.
Resulta de especial interés la protección que dispensaría la concesión del premio, dado el especial contexto por el que atraviesa la República de Colombia, donde el aumento de persecución y muertes de defensores de derechos humanos se ha puesto más si cabe en evidencia. Según datos del programa no gubernamental “Somos Defensores”, un total de 49 defensores colombianos de los derechos humanos fueron asesinados en 2011, año en el que las agresiones individuales contra estos activistas crecieron un 36% . A ello se suma la última alerta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de lanzar sobre los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de activistas humanitarios y su aumento en América Latina, mostrando especial preocupación por países como Colombia. El documento, que fue presentado el 27 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, resalta que ese incremento se tradujo en 239 ataques entre asesinatos, amenazas, desapariciones forzosas, atentados, detenciones arbitrarias, agresiones con heridas y aplicación irregular del sistema penal, frente a los 174 actos intimidatorios registrados el año anterior. Tal como la propia CIDH recientemente ha denunciado, los defensores de los derechos humanos son “un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, por lo que cuando se les ataca, se afecta directamente al resto de la sociedad”.
El Grupo de Acción Comunitaria es un centro de recursos en salud mental y derechos humanos que a lo largo de los últimos quince años ha venido desarrollando trabajo de formación, documentación e investigación en América latina y España (www.psicosocial.net). Conocemos el trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz desde hace casi una década. El Padre Alberto Franco fue parte de nuestra institución durante su dos años de exilio forzado en España por razones de seguridad, como defensor de derechos humanos (2008-2009), ha habido una colaboración directa entre el equipo de acompañamiento psicosocial de JyP y diferentes áreas y grupos de trabajo del Grupo de Acción Comunitaria, el Coordinador del Grupo de Acción Comunitaria es miembro de la Comisión Ética del MOVICE, y ha trabajado con los equipos de Justicia y Paz en diferentes zonas del país y en especial en procesos de acompañamiento a víctimas en el contexto de exhumaciones de fosas comunes en San Onofre (Sucre) y en acompañamiento a población afrodescendiente desplazada por la guerra en Buenaventura (Cauca). Junto con el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) de Guatemala se han hecho talleres de formación y se apoyo en la elaboración de una guía participativa para familiares de personas desaparecidas que desean iniciar procesos de exhumación , y las tres organizaciones han sido parte del Comité Organizador del II Congreso mundial de acompañamiento psicosocial a exhumaciones – verdad, justicia, reparación.
Es desde todos estos años de conocimiento mutuo y trabajo conjunto en múltiples escenarios desde el que nos sentimos autorizados para apostar firme y decididamente por la concesión del premio a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Atentamente,
Pau Pérez Sales
Coordinador
Grupo de Acción Comunitaria.
Centro de Recursos en Salud mental y Derechos humanos